La obsolescencia suele ser impulsada por las empresas interesadas en fabricar y vender nuevos productos, pero en algunos casos son los gobiernos y estados los que empujan alguna tecnología al abandono por decreto. Estos apasionantes casos suelen conllevar consecuencias empresariales, sociales, mediáticas y económicas. A partir de hoy repasaremos algunos ejemplos de obsolescencia politizada, comenzando por algo tan actual como son las radiaciones no ionizantes. Que no, que no dan cáncer.

Nuestros gobiernos no suelen tener mucho que decir sobre los formatos que usamos para consumir información. El que quiera escuchar CDs, que los escuche; el que quiera leer un periódico, que lo lea. Pero hay una manera de transmitir información que ha de ser regulada por usar un recurso público y limitado: el espectro radioeléctrico. Las ondas, vaya, y no todas las ondas: la luz también puede ser considerada una onda electromagnética y ahí no se meten. Citemos las tablas de la ley española:

Artículo 3. Concepto de dominio público radioeléctrico.

A los efectos del presente reglamento, se considera dominio público radioeléctrico el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas. Se entiende por ondas radioeléctricas aquellas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 gigahertzios que se propagan por el espacio sin guía artificial.

La utilización de ondas electromagnéticas de frecuencias superiores a los 3.000 gigahertzios y propagadas por el espacio sin guía artificial se somete al mismo régimen que la utilización de las ondas radioeléctrica, siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones y en el presente reglamento.

Así que las ondas con una frecuencia entre 9 kHz y 3000 GHz se consideran portadoras de comunicación y merecedoras de ser legisladas. Ahí entran desde las emisoras de radio de larga distancia, de baja frecuencia, hasta televisión, móviles y satélites, como podemos ver resumido en este gráfico de la Britannica, pínchalo para verlo más grande:

Todos los gobiernos dignos de tal nombre regulan su espacio radioeléctrico, e incluso algunos que no, como demuestra el éxito de la telefonía móvil en Somalia. En realidad, en este mundo globalizado, hay estándares internacionales que se observan y trasponen a cada país; por tanto, un móvil o una televisión se pueden vender en todo el mundo, o, visto de una manera que espantaría a Marcuse, los consumidores podemos comprar cualquier móvil o televisor.

Y ¿qué son un móvil o un televisor? Pues receptores -o receptores-emisores- que se han de usar para acceder a la información. Estos aparatos son los traductores de toda esa infinitamente compleja, levísima, variación sinusoidal de los campos electromagnéticos a nuestro alrededor. Estas tecnologías suelen ser asimétricas, en el sentido de que hay unas emisoras -de radio, de tele- que emplean potentes equipos y enormes antenas y sistemas de repetición, y unos receptores asequibles que usará el, ya no comunicante, sino consumidor, responsabilizándose de su consumo y mantenimiento. Lo importante de esto es la asimetría entre el poder y medios de las empresas que generan las ondas y el de sus clientes. Un número reducido de compañías se reparten la mayoría de las ondas, al ritmo muchas veces de las adjudicaciones por motivos políticos. La comunicación es poder. Por tanto, es comprensible que los gobiernos le hagan más caso a estos grandes empresarios que a las masas iletradas, o incluso que al propio sentido común. En ocasiones, ante el avance de la tecnología, se produce una reordenación del espectro radioeléctrico que afecta tanto a los costosos sistemas de emisión como a los aparatos que tenemos en el bolsillo o en la mesilla del salón. Y, cuando tu tele se ha quedado obsoleta porque esos malditos burócratas decidieron que ya era hora, es bueno preguntarles por los motivos.

A partir de hoy recorreremos el espectro radioeléctrico pasando por la FM, por la televisión digital, por la telefonía móvil analógica o por la radio DAB. Tecnologías que han llegado a sufrir convulsiones y maltrato por parte de los gobernantes, que terminaban por afectarnos a Nosotros, Los Consumidores.